Un juez federal mexicano giró una nueva orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú, accionista mayoritario del certamen Miss Universo, por su presunta participación en una organización dedicada al lavado de dinero que habría movilizado casi 3,000 millones de pesos mexicanos entre 2014 y 2025, según una investigación publicada este domingo por el diario Reforma y reproducida por otros medios mexicanos.
La orden fue emitida por Ricardo Alfonso Santos Dorantes, juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, e incluye a Mauricio Jesús Rocha Botello, hijo del empresario y presidente de Miss Universe México, así como a Andrés Javier Vázquez Ruiz, Alberto Charlan Salazar, Heliodoro Vargas Durán y Luis Aquilino Vásquez. Los seis son señalados por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la información difundida por Reforma, que cita elementos de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), la presunta estructura habría utilizado seis empresas para concentrar depósitos, transferir fondos entre distintas cuentas y movilizar recursos que las autoridades consideran de origen ilícito.
La investigación atribuye a Rocha Cantú y a otros dos señalados funciones de liderazgo, mientras que los demás habrían desempeñado tareas de supervisión.
Esta es la segunda orden de aprehensión que enfrenta Rocha Cantú. El empresario es buscado desde diciembre de 2025 por otra investigación relacionada con presunta delincuencia organizada, en la modalidad de tráfico de armas e hidrocarburos.
En ese proceso había obtenido el beneficio de testigo colaborador, pero la Fiscalía revirtió posteriormente esa situación y se reactivaron las actuaciones para lograr su captura.
La situación del accionista de Miss Universo también ha generado atención por su paradero. En junio de 2026 circuló un video en el que aparece caminando por calles de Mónaco durante una entrevista, en la que mostró un reloj de lujo.
La grabación volvió a cobrar relevancia tras la difusión de la nueva orden judicial, aunque por sí sola no establece su ubicación actual.
El caso suma presión judicial sobre el empresario y su entorno familiar, mientras las autoridades mexicanas investigan el supuesto movimiento de miles de millones de pesos a través de sociedades mercantiles y cuentas bancarias.
La nueva orden, sin embargo, constituye una medida judicial dentro de una investigación penal y no equivale a una sentencia condenatoria.
