En la solicitud de audiencia para conocer medida de coerción y declaratoria de complejidad, a los involucrados en la operación Camaleón, que investiga las presuntas irregularidades en la contratación que hizo el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) para la administración de la red semafórica del Gran Santo Domingo, el Ministerio Público afirma que desde el INTRANT “se orquestó una estructura de corrupción que buscaba beneficiarse económicamente, a través de empresas de carpeta, a las cuales le adjudicaron contratos millonarios, sin contar con las capacidades ni los requisitos técnicos necesarios”.
Esto habría permitido que se creara “una organización criminal con participación activa de funcionarios, exempleados y ciudadanos con historial de haber participado en hechos delictivos” que le permitió seleccionar al oferente antes de subir el proceso de licitación al portal institucional.
En ese sentido, la PEPCA dice que se hizo un “traje a la medida” debido a que el oferente participó en la elaboración del pliego de condiciones, e impugnaron la decisión del órgano control “que le notificó las graves irregularidades del proceso de licitación”.
Los imputados en este expediente son: Hugo Beras, ex director ejecutivo del INTRANT; el empresario José Ángel Gómez (Jochi), Frank Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero, Juan Francisco Álvarez, Pedro Vinicio Padovani y Carlos José Peguero. También las empresas Transcore Lata, S.R.L.; Aurix SAS e INSOPROL SRL.
El documento sostiene que también habrían recibido sobornos para favorecer a los imputados que eran parte del entramado societario y usurparon la identidad de las agencias de defensa y seguridad del Estado “colocando cientos de cámaras, en sectores del gran Santo Domingo, sin tener autorización”.
De igual modo, establece que le eran asignadas las funciones propias del INTRANT, incluyendo el manejo de la red de semáforos y de video vigilancia.
También cuestiona que Hugo Beras, entonces director ejecutivo del INTRANT, pusiera en manos de una persona reconocida y con antecedentes de “hacer uso ilicito de las informaciones”, la red semafórica del Gran Santo Domingo, y que compartían de forma habitual, en actividades sociales y actividades familiares del imputado.
La PEPCA asegura en la acusación que el entramado logró que en el Ministerio de Defensa, en junio del 2020, le firmara un contrato ilegal, “para la organización criminal tener acceso a informaciones sensitivas del Estado, ingresar al país equipos propios de las agencias de inteligencia, seguridad y defensa del Estado”.
Trajeron al país, usando un contrato ilegal, tecnología que son autorizadas para uso exclusivo de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa y “adulteraron un arma de fuego, de la que tenía licencia, convirtiéndola en un arma de guerra”.
