Santo Domigo.– El Ministerio Público depositó ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional la acusación formal y el requerimiento de apertura a juicio contra los hermanos Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat, administradores de la discoteca Jet Set Club, cuyo techo colapsó el 8 de abril de 2025, provocando 236 muertes y alrededor de 100 heridos.
La instancia fue depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional y firmada por el procurador adjunto Wilson Camacho, la fiscal del Distrito Nacional Rosalba Ramos, el procurador de corte Héctor García, junto a un equipo de fiscales y fiscalizadores.
El proceso fue impulsado por una instrucción particular de la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, para determinar las causas del colapso y las responsabilidades penales involucradas.
De acuerdo con la acusación, los hermanos Espaillat incurrieron en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, delitos sancionados por los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.
La imputación está sustentada en cientos de pruebas, incluidos los peritajes de los ingenieros Leonardo de Jesús Reyes Madera, Eduardo A. Fierro y Máximo José Corominas Quezada, quienes documentaron fallas críticas en la estructura y en las intervenciones realizadas en el edificio.
¿De qué acusan al hermano Antonio Espaillat López?
El Ministerio Público atribuye a Antonio Espaillat López, gerente de la discoteca, un patrón de conductas negligentes, imprudentes e inobservantes de los reglamentos, consideradas penalmente relevantes:
- Ordenó y permitió modificaciones estructurales sin licencias, incluida la eliminación de una columna esencial, sin estudios técnicos ni permisos municipales.
- No realizó análisis estructurales completos para determinar la capacidad y condición real de la edificación.
- Instaló de forma continua nuevos elementos sobre el techo —aires acondicionados, tinacos y casetas técnicas— incrementando la carga sin evaluaciones especializadas.
- Conocía el deterioro progresivo del techo, pero optó por reparaciones informales en lugar de soluciones profesionales.
- No suspendió el evento celebrado la noche del colapso, pese a haber sido notificado horas antes de la caída de escombros, lo que agravó el riesgo para los asistentes.
Estas acciones, sostiene la acusación, derivaron directamente en el colapso que provocó la muerte de 236 personas. Por ello, Antonio Espaillat incurrió en los delitos contemplados en los artículos 319 y 320 del Código Penal.
¿De qué acusan a Maribel Espaillat?
La acusación indica que Maribel Espaillat, como parte de la gerencia y administración del establecimiento, tuvo una responsabilidad equivalente a la de su hermano:
- Participó en las modificaciones estructurales sin permisos, incluida la eliminación de la columna.
- No gestionó los expedientes técnicos ni inspecciones obligatorias.
- Autorizó la instalación progresiva de equipos en el techo sin estudiar su impacto estructural.
- Conocía, al igual que Antonio, el deterioro del techo y aun así permitió reparaciones improvisadas.
- Estuvo al tanto del riesgo evidente durante el evento, incluyendo la caída de escombros y heridas sufridas por un asistente, sin disponer la suspensión de la actividad.
El Ministerio Público sostiene que su conducta también se subsume en los artículos 319 y 320 del Código Penal, al haber contribuido a las condiciones que ocasionaron la tragedia.
La acusación formal plantea que las decisiones administrativas y operativas tomadas por ambos imputados, durante más de una década, incrementaron el riesgo estructural del edificio hasta provocar el fatal derrumbe.
