El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, remitió este miércoles a la comisión especial del Congreso Nacional observaciones al proyecto de ley sobre integridad y control de recursos vinculados a actividades ilícitas en la política, en las que plantea incluir nuevos mecanismos de supervisión.
La comunicación fue dirigida al senador Pedro Manuel Catrain Bonilla, presidente de la comisión que estudia la iniciativa.
Entre las propuestas, el documento plantea establecer como requisito para aspirar a cargos de elección popular la presentación de una declaración jurada de patrimonio correspondiente a los últimos tres años ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), así como su actualización durante el ejercicio de funciones públicas.
Asimismo, sugiere que los partidos políticos implementen mecanismos obligatorios de debida diligencia para verificar antecedentes de candidatos, donantes y financistas, incluyendo procesos relacionados con corrupción, lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado, además de la validación del origen de los fondos.
El planteamiento también incluye la creación o fortalecimiento de una unidad técnica especializada en fiscalización del financiamiento político, con autonomía funcional y coordinación con entidades del ámbito electoral, financiero, tributario y penal.
De igual forma, propone la implementación de un registro público, digital y actualizado de aportes y donaciones, que permita identificar el monto, origen, fecha y destino de los recursos, así como la limitación del uso de efectivo.
En materia sancionadora, el documento plantea medidas como la pérdida de candidatura, nulidad de elección, suspensión de financiamiento público, inhabilitación y responsabilidad penal en los casos correspondientes.
En la comunicación, Castaños Guzmán señala que las propuestas buscan reforzar los mecanismos de control y supervisión del financiamiento político y prevenir la incorporación de recursos de origen ilícito en los procesos electorales.
La comisión legislativa mantiene en estudio el proyecto de ley, que forma parte de las iniciativas orientadas a regular el financiamiento y la participación en la actividad política del país.
