Santo Domingo.– La familia del fallecido Ramón Osiris Blanc Castillo, presentó ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, una acusación alternativa y adhesión a la acusación del Ministerio Público contra los gerentes del establecimiento donde ocurrió el colapso del techo de la discoteca Jet Set, el 8 de abril de 2025.
La acusación, fundamentada en el artículo 319 del Código Penal Dominicano, señala que el derrumbe, que cobró más de 250 vidas, fue «una catástrofe totalmente evitable» atribuida a negligencia grave por parte de quienes administraban la operación del establecimiento.
Imputados por negligencia y omisiones críticas
Los abogados Jorge G. Lora Olivares, José Stalin Almonte Dilone y J. Lora Castillo, actuando en nombre de Patricia Elizabeth Paola Ulloa, esposa del fallecido y de sus hijos menores, así como de Osiris Armando Blanc, sostienen que los gerentes del negocio permitieron operar la discoteca bajo condiciones estructurales que representaban un riesgo evidente para los asistentes.
Los señalados como imputados son Antonio Espaillat López, Ana Grecia López y Maribel Espaillat López, además de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., incluida como tercero civilmente demandado, en su calidad de entidad responsable de la operación del local.
Hallazgos técnicos: carga excesiva, deterioro acumulado y fallas ignoradas
Un informe técnico aportado a la acusación, realizado por el ingeniero civil Piter J. Bonilla el 15 de abril de 2025, concluye que el colapso del techo obedeció a una combinación de sobrecarga, modificaciones debilitantes, vibraciones constantes, fatiga de materiales y acumulación de agua, factores que no fueron evaluados ni corregidos por los administradores.
El análisis detalla, que se colocaron equipos pesados, incluyendo sistemas de aire acondicionado y otros dispositivos, en un techo diseñado originalmente para cargas distribuidas propias de un cine, no para pesos concentrados ni vibraciones continuas.
Esto habría generado microfisuras, deformaciones y un deterioro acelerado que pudo desarrollarse durante meses o incluso años antes del colapso.
Acusación penal: homicidio involuntario por negligencia
La querella sostiene, que los imputados incurrieron en un homicidio involuntario por negligencia, al amparo del artículo 319 del Código Penal, al no adoptar las previsiones técnicas necesarias para garantizar la seguridad del establecimiento.
Los abogados señalan que los gerentes, en su posición de garantes, estaban obligados a prevenir riesgos estructurales, ordenar estudios de carga, suspender operaciones de ser necesario y evitar el ingreso de clientes mientras existiera peligro.
De acuerdo con la acusación, la omisión de esas medidas provocó directamente la muerte del señor Ramón Osiris Blanc Castillo, padre de familia y sostén económico del hogar.
Pretensiones civiles: daños materiales y morales
Además de la persecución penal, la familia presenta una acción civil por daños materiales y morales, argumentando una doble responsabilidad:
|- Cuasi delictual, por negligencia directa de los imputados.
|- Contractual, derivada de la violación de la obligación de seguridad que tienen los establecimientos al recibir público.
La familia solicita indemnizaciones por un total de RD$50,000,000.00, distribuidos así:
|- RD$20,000,000.00 para la señora Patricia Elizabeth Paola Ulloa.
|- RD$10,000,000.00 para la menor Valerie Patricia Blanc Paola.
|-RD$10,000,000.00 para el menor Osiris Arturo Blanc Paola.
|- RD$10,000,000.00 para Osiris Armando Blanc Paola.
Los representantes legales citan jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia respecto a la valoración del daño moral y la responsabilidad por omisión en casos de resultado fatal.
Oferta probatoria y avance del proceso
Entre las pruebas aportadas se incluye el Registro Mercantil de Inversiones E y L, S.R.L., con el fin de identificar formalmente a los responsables de la administración del establecimiento.
La querella detalla además evidencia técnica, documental y testimonial necesaria para sustentar tanto las imputaciones penales como las pretensiones civiles.
El Ministerio Público ya presentó su propia acusación, a la cual los querellantes se adhieren formalmente.
