El lunes, el Gobierno de Venezuela informó que, a partir del 31 de julio, se suspenderán temporalmente los vuelos comerciales hacia y desde Panamá y República Dominicana. Esta medida es una reacción a las «acciones injerencistas» de estos países en relación con las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en Venezuela el 28 de julio.
En su comunicado, el Gobierno detalló que la suspensión, que comenzará a las 8:00 hora local (12:00 GMT) del miércoles próximo, también responde a la «presunción de uso indebido de la aviación civil en contravención de los principios de seguridad».
El Ministerio de Transporte de Venezuela ha indicado que se reserva el derecho de tomar acciones legales para apoyar firmemente las decisiones políticas del Estado y para garantizar el respeto y la protección del derecho inalienable a la autodeterminación del pueblo venezolano, según el comunicado del Gobierno.
Panamá y República Dominicana son destinos comunes para los venezolanos y otros ciudadanos que buscan conexiones aéreas, debido a la limitada oferta de vuelos directos desde y hacia Venezuela.
Poco antes, la administración de Nicolás Maduro había solicitado a Panamá, República Dominicana, así como a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú y Uruguay, que retiraran de inmediato a sus representantes en Venezuela, en respuesta a sus «acciones y declaraciones injerencistas» sobre las elecciones presidenciales.
Además, Venezuela decidió retirar a todo su personal diplomático de sus misiones en estos siete países latinoamericanos.
Este lunes, los gobiernos de Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana expresaron su seria preocupación por el desarrollo de las elecciones presidenciales y exigieron una revisión completa de los resultados. También pidieron una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela declaró oficialmente a Nicolás Maduro, quien ha estado en el poder desde 2013, como presidente, afirmando que obtuvo el 51,2 % de los votos con el 80 % de las actas escrutadas. Este resultado ha sido ampliamente rechazado tanto por la oposición venezolana como por una parte significativa de la comunidad internacional.
