El abogado Jean Carlos Martínez Segura, representante de al menos siete víctimas de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set Club, informó este lunes que solicitará al tribunal cambiar la calificación jurídica contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat de homicidio involuntario a voluntario.
Martínez Segura explicó que pedirá al Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito, que conoce el estado etapa preliminar del proceso, dictar Auto de Apertura a Juicio de fondo por Homicidio Voluntario con Dolo Eventual, tipificado en el artículo 295 del Código Penal.
Según el abogado defensor, los hechos vinculados a la tragedia del Jet Set evidencian que los acusados tenían pleno conocimiento del grave riesgo estructural que representaba el techo del establecimiento para los asistentes.
En ese sentido, sostuvo que la inacción y la falta de medidas preventivas, especialmente entre los días 5 y 7 de abril, previo al suceso, configuran un comportamiento doloso indirecto que excede la mera negligencia.
“El caso no puede reducirse a un hecho fortuito ni a una simple imprudencia. Estamos ante una aceptación consciente de un riesgo mortal evitable”, consideró.
Criticó la calificación inicial del Ministerio Público, limitada al homicidio involuntario bajo los artículos 319 y 320 del Código Penal, que contemplan penas de hasta dos años de prisión.
El representante legal indicó que corresponde aplicar el artículo 295 del Código Penal, la cual castiga el homicidio voluntario con sanciones de hasta 20 años de reclusión, en consonancia con la gravedad de los hechos y el impacto social del caso.
Asimismo, argumentó que esta posición cuenta con respaldo en la jurisprudencia dominicana.
Citó decisiones de la Suprema Corte de Justicia que reconocen el dolo eventual como aquella situación en la que el agente prevé como posible un resultado dañoso y, aun así, ejecuta la acción aceptando sus consecuencias.
El togado reiteró que la recalificación jurídica solicitada busca garantizar una respuesta judicial proporcional, acorde con el sufrimiento de las víctimas y sus familiares, así como con la magnitud del hecho.
“La apertura a juicio por homicidio voluntario no solo es jurídicamente viable, sino también un imperativo ético y social en un caso de alta connotación pública”, reflexionó.
El día de hoy, el juez Reymundo Mejía continuará con el conocimiento de esta fase preliminar, luego de que el Ministerio Público concluyera en la audiencia anterior con la lectura de la acusación.
