El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) se encuentra al borde de una crisis sin precedentes que podría derivar en la suspensión total de sus operaciones a partir de 2027. La posibilidad de que el USPS deje de entregar correspondencia no solo inquieta a millones de ciudadanos, sino que representa un potencial quiebre en uno de los servicios públicos más extendidos y utilizados del país. Las advertencias recientes del director general de correos, David Steiner, han puesto en el centro del debate nacional la viabilidad financiera de la institución y la urgencia de una respuesta legislativa.
Steiner compareció el 17 de marzo ante legisladores estadounidenses y no dejó margen para la ambigüedad: “Si continuamos cumpliendo con nuestras obligaciones como lo hemos hecho en los últimos años, nos quedaremos sin efectivo en menos de 12 meses”. Según sus cálculos, de no modificarse la situación actual, el USPS podría dejar de operar en octubre próximo por falta de fondos para pagar salarios y a proveedores. La alarma no es menor, ya que la agencia es la única capaz de llegar a casi 167 millones de direcciones entre residencias, negocios y apartados postales en todo el territorio nacional. Su colapso afectaría tanto a entornos urbanos como rurales y tendría consecuencias inmediatas en la vida cotidiana de los estadounidenses.
El funcionamiento del Servicio Postal se basa en un esquema único dentro del aparato estatal. Aunque se trata de una agencia federal, generalmente no depende de presupuesto público para sus gastos operativos habituales. En cambio, el USPS financia sus operaciones a través de la venta de sellos, productos y servicios.
Sin embargo, el modelo de financiamiento autónomo se ha visto severamente comprometido en los últimos años por una combinación de factores. Uno de los principales es el descenso en el volumen de correo enviado, fenómeno que impacta directamente en los ingresos de la institución. Según la exposición de Steiner ante el Congreso, el volumen anual de correspondencia cayó de 213 mil millones de piezas en 2006 a 109 mil millones en la actualidad. Esta reducción de más de 100 mil millones de piezas desde el máximo histórico de 2006-2007 ha erosionado las bases económicas del USPS, debilitando tanto sus redes de procesamiento como las capacidades logísticas y de entrega.
El impacto de este descenso es contundente: los ingresos por correo nacional disminuyeron de 59,1 mil millones de dólares en 2007 a 42,6 mil millones proyectados para 2025, lo que supone una pérdida de más de 16,5 mil millones de dólares. Para ilustrar la magnitud, Steiner explicó que si se pudiera vender todo ese volumen perdido al precio actual de un sello (78 centavos), se obtendrían 81 mil millones de dólares adicionales. En palabras del director general, ninguna empresa soportaría una merma de ingresos de esa magnitud. Comparó el caso con grandes compañías de mensajería privada como UPS o FedEx, señalando que tampoco sobrevivirían a una caída semejante en sus balances.
El problema se agrava aún más por las limitaciones en la capacidad de endeudamiento de la agencia. El USPS solo puede solicitar préstamos al Tesoro de los Estados Unidos y tiene un tope de deuda de 15.000 millones de dólares, cifra que permanece sin cambios desde principios de la década de 1990. Este límite no ha sido ajustado a la inflación ni al crecimiento de los ingresos y costos operativos, lo que deja al organismo con escaso margen de maniobra para enfrentar emergencias financieras o invertir en modernización y expansión de servicios.
Frente a este panorama, el futuro inmediato del USPS depende en gran medida de las decisiones que tome el Congreso de Estados Unidos. Durante la audiencia, el representante republicano Tim Burchett solicitó un calendario más preciso sobre el posible colapso, a lo que Steiner respondió que el “fin de caja” podría llegar tan pronto como octubre si no se modifican las obligaciones de pago actuales, especialmente el gasto en jubilaciones y otras prestaciones. El director general pidió a los legisladores que consideraran aumentar el límite de endeudamiento para dotar de liquidez adicional a la agencia, permitiéndole invertir en los activos necesarios para competir con las empresas privadas de paquetería y mantener la misión de servicio universal.
Además, Steiner sugirió que el Congreso debería autorizar un incremento mayor en las tarifas postales, por encima de los límites vigentes. Esta medida, sin embargo, enfrenta resistencia política. El representante republicano Pete Sessions, presidente del subcomité, se manifestó en contra de elevar el precio del sello de primera clase de los 78 centavos actuales a un dólar, aunque admitió que las autoridades legislativas deberán tomar decisiones difíciles para evitar una parálisis postal.
En paralelo, David Marroni, alto funcionario de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, expuso ante los legisladores que será necesario definir qué nivel de servicio requiere el país y cómo financiarlo en el futuro. La incertidumbre persiste sobre si la solución vendrá por la vía de mayores tarifas, una ampliación del endeudamiento o una redefinición del alcance del servicio postal, pero la urgencia de una respuesta se incrementa a medida que se acerca el plazo crítico.
