En medio de un escándalo por presunta corrupción administrativa y una delicada situación financiera, el Seguro Nacional de Salud (Senasa) se encuentra bajo la lupa. La administración de Santiago Hazim, actual director ejecutivo, ha sido señalada por manejos irregulares que han derivado en la intervención de la Procuraduría General de la República.
Según un informe enviado por la Presidencia, se han identificado serias anomalías en la institución que justificarían el inicio de una investigación formal, conforme lo establece la ley. Aunque el documento no especifica cuáles fueron los hallazgos, investigaciones periodísticas han revelado que, desde 2020, el Estado dominicano ha desembolsado más de 65 millones de pesos mensuales en al menos un contrato por servicios de atención primaria que nunca se ofrecieron.
A pesar de este preocupante panorama, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) otorgó a Senasa una puntuación superior a los 85 puntos en materia de transparencia durante el primer semestre del año. De hecho, entre enero y junio de 2025, la institución obtuvo un promedio de 92.89%, con calificaciones que rozan el sobresaliente en cada mes evaluado.
Ante la evidente contradicción entre los reconocimientos por “transparencia” y las denuncias por corrupción, la directora de la Digeig, Milagros Ortiz Bosch, intentó aclarar la situación señalando que su entidad solo evalúa el cumplimiento en cuanto a la publicación de informaciones de acceso público, no la legalidad ni la ética de las acciones administrativas.
Sin embargo, la explicación deja más preguntas que respuestas: ¿cómo puede una institución obtener altas calificaciones en transparencia mientras es investigada por manejos opacos y contratos millonarios sin respaldo de servicios reales?
