Para construir y desarrollar un aeropuerto con capital privado, las empresas deben ajustarse al marco legal vigente
Al ratificar decisiones previas de la Suprema Corte de Justicia, la sentencia TC/0496/25 del Tribunal Constitucional (TC), emitida el 18 de julio, establece con fuerza normativa que toda iniciativa privada para construir y operar aeropuertos en la República Dominicana debe ajustarse al marco legal vigente.
Este marco incluye la Ley de Contrataciones Públicas (340-06), la Ley de Alianzas Público-Privadas (47-20), la Ley de Aviación Civil (491-06), la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo (368-22), y los principios constitucionales de legalidad, libre competencia, transparencia y debido proceso.
El fallo, que rechaza de manera definitiva los recursos interpuestos por el consorcio Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) contra decisiones de la Suprema, liquida las pretensiones del proyecto en su versión original, y delimita las condiciones indispensables para que cualquier infraestructura aeroportuaria se desarrolle bajo el orden institucional.
